¿Riesgo del trabajo o trabajo en riesgo?

El comentario es libre pero los hechos son sagrados.

La contaminante industria del juicio laboral ha sido merecedora de denuncias públicas, quejas y opiniones diversas a lo largo de años, mezclándose temáticas varias, ideologías y conveniencias, por derecha y por izquierda. Es lícito afirmar que la deformación del sistema en materia de riesgos del trabajo tiene incidencia en la suma de los costos laborales, efectos desestimulantes para la creación y formalización del empleo y en caso de sentencias desproporcionadas hasta la propia desaparición de las pymes. El comentario es libre.

Conocer las estadísticas del sistema y significarlas a través de algunos índices nos ayuda a dimensionar lo que dicen más allá de lo que miden, sea en relación a los casos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muertes y litigiosidad.

Según la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en el período 2003/2015 en Argentina, el índice de ocurrencia de casos mortales de trabajadores disminuyó de 94,3 casos a 45,4 cada 1.000.000 de ellos, mientras que el índice de incidencia en siniestros se redujo de 61 casos a 48,5 cada 1000 trabajadores cubiertos. Sin embargo, para el mismo período, el índice de litigiosidad creció de 7,3 a 173 juicios cada 1000 siniestros declarados: ¡un 2.269,86 %!. En otras palabras, mientras caen los índices de siniestralidad aumentan los juicios.

Paradoja que revela la distorsión de la existencia de un sistema que en materia de salud y seguridad del trabajo es indiscutible; tanto como necesario es corregir la legislación defectuosa que lo sustenta sin que ello implique desamparar o despojar de derechos al trabajador; hay que perfeccionarlo, para que sea útil a él y deje de ser una peligrosa y afilada espada de Damocles contra las pymes, indefensos como están (ambos) ante la concentración económica del sector.

Los juicios iniciados para el período 2010/2016 en el país contabilizan 546.849 que en términos de tasa de judicialización implica un aumento de 9,95 % a 28 %; tres veces en 7 años. La cantidad de juicios registrados se estima en 120.000 solo para el año 2016 con una tasa de crecimiento del 100 % respecto al año 2011.

La provincia de Mendoza se ubica 5ta en el ranking nacional de juicios con 42.984 casos iniciados entre el año 2010 y 2016, pagándose en sentencias efectivas USD 147.000.000, lo cual poco diría si no supiéramos que la provincia de Santa Fe con casi el doble de casos computa USD 177.595.913; o que San Juan con actividades de riesgo más alto como es la minería registra 1957 casos con sentencias pagadas por USD 6.258.225. Sugerente desproporción.

En el mismo ranking de 24 distritos, la provincia de Entre Ríos se ubica en 6to lugar de juicios iniciados y registra 5839 casos con sentencias efectivas por USD 36.731.814: una diferencia más que significativa comparada con Mendoza que resulta incomparable con el resto de la lista.

En todo el país las sentencias pagadas suman para el mismo período USD 2.091.887.349. Las estimaciones de los montos a pagar por juicios acumulados alcanzan los 340.000 casos y superan ya los USD 4.500.000.000. ¡Sí, leyó bien!

Montos que asustan y que se distribuyen en concepto de honorarios y cuota Litis entre abogados, peritos médicos, peritos contadores, peritos en higiene y seguridad, peritos ingenieros y…..el trabajador. Demasiados socios.

Es evidente que las pymes siguen en peligro; porque deben sumar a la incertidumbre del funcionamiento del propio sistema el incremento constante de las alícuotas ya que por esta vía se termina financiando el pago de las abultadas sentencias. Así, todo el régimen es inviable. Los hechos lo demuestran, los hecho son sagrados.

Octubre 2017

Mauro A. Sosa

Director Ejecutivo

CENTRO DE VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL ESTE