Entrevista realizada por Ambito Financiero

 

¿Qué evaluación hacen de la cosecha de uvas 2017?  

La producción de uvas fue baja; en Mendoza fue un 45% menos respecto a una cosecha normal; la cosecha 2016 fue la más baja en los últimos 56 años sin olvidar las cosechas 2009 y 2012. Hay serios problemas estructurales.

¿Cuál es la causa de esta secuencia de tan bajas cosechas?

Al granizo, las lluvias y las heladas se suman la polilla de la vid y la falta de rentabilidad que impide realizar los trabajos culturales oportunamente. 

¿La disminución en la producción provocó aumento en los precios de la uva?

Sí. Es la única razón por la que los precios pagados al productor/elaborador se han tonificado; mejora que se relativiza ante la merma de la cosecha y los altos costos de producción.

¿La importación de vinos se encuadra en este contexto?

En el mes de junio del 2016 las grandes bodegas alertaron que iban a importar vinos. En octubre comenzó la importación; hasta el día de hoy suman 65.000.000 litros de vino tinto chileno. La principal razón de la importación fue una estrategia especulativa para desalentar el aumento de los precios. Lo demuestra que diciembre el INV informaba que se habían dejado de vender en el año 85.000.000 litros, razón por la cual volvía a estar en stock el volumen de vino que se había restado en la proyección de salidas.

¿Hubo quejas del sector de la producción?

Sí. El reclamo llegó a la Secretaria de Comercio de la Nación cuyo titular manifestó que el gobierno nacional no tenía intención de prohibir las importaciones. En Mendoza hubo iniciativas legislativas tendientes a disuadir las importaciones vía aumento en el impuesto a los ingresos brutos, exigencias de etiquetados y pérdidas de beneficios en programas fiscales especiales, fundamentalmente en aspectos referidos al cumplimiento del porcentaje de diversificación de uvas a usos no vínicos.

¿Cómo se vincula el concepto de importación con el cumplimiento de ese porcentaje?

El incumplimiento de ese porcentaje a mosto por parte de las bodegas acarrea el pago de una “multa” de (x) pesos por quintal de uva vinificada, pero hay excepciones y las bodegas que importaron vinos no podrían acceder a las mismas. Es una decisión que deberá tomar el gobierno de Mendoza según lo sugerido por la legislatura.

A ver si lo entiendo. ¿Mientras se diversifica la uva para no hacer vino se importa de Chile?

Sí. Es una paradoja que revela el sin sentido de mantener una política obsoleta de diversificación que debió ser revisada hace más de 10 años por lo menos y que el interés de una parte del sector privado lo impide presionando a los gobiernos.

¿Esta incongruencia se le reprocha al gobierno de Macri?

La política de diversificación es responsabilidad de los gobiernos provinciales mientras que las importaciones de vino es un tema de competencia nacional. Hay que separar las responsabilidades y confluir en una política conjunta en resguardo de las economías regionales. El concepto de reciprocidad es débil para justificar las importaciones.

¿No se ha podido hacer nada entonces para impedir el ingreso de vinos?

No por el momento. Frente a esto le hemos solicitado al INV el celoso y estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de etiquetado y composición de los vinos con el fin de cuidar al consumidor y garantizar la competencia con las bodegas que no importan; competencia que aun así se resiente por la diferencia de obligaciones fiscales que enfrentan unas y otras. Habrá que estar muy atentos a cómo se comportan los países productores que crecen y utilizan prácticas enológicas distintas al nuestro y que llegado el momento nos podrían vender sus vinos.

Recién hablaste de rentabilidad ¿La baja o nula rentabilidad a que responde?

Podemos señalar el bajo precio de la uva, del vino o el mosto pagados en plazos y condiciones abusivas, costos crecientes de producción y de elaboración más una presión tributaria excesiva. Bajos rendimientos por hectárea. Y como dato objetivo una concentración de la industria con características de posición dominante.

¿Y esto Influye en los precios?

A fin del año 2015 y tras 5 o 6 años de precios pisados, un litro de vino tinto se pagaba a $ 3,20; 6 meses después tras la escasa cosecha 2016 llegó a $ 12. Las bodegas dominantes en lugar de promediar anteriormente un precio a fin de mantener estabilizada todo la cadena privilegiaron la optimización de su ingreso produciendo una fractura en toda la estructura vitivinícola.

¿Cómo subsiste o subsistió la industria con baja rentabilidad e Inflación?

Los sectores vulnerables subsisten en base a un “autoajuste”: se invierte lo mínimo o nada, se difieren obligaciones, o se reducen o no se hacen los trabajos culturales. En el caso de la industria se busca la optimización de procesos o reducción de gastos y personal.

¿La reconversión hacia variedades de más alto rendimiento es una solución?

La reconversión no es necesariamente sinónimo de rentabilidad; debe hacerse en tanto y en cuanto resuelva un problema y no genere otros.

¿Cuántos productores vitícolas están o quedan en actividad en su provincia?

Los registros indicaban oficialmente la presencia de 11.000 en Mendoza y alrededor de 16.000 en el país. Se calcula como abandonadas 5.000 hectáreas y se  estima en 30.000 de un total provincial de 160.000 hectáreas en riesgo de no poder continuar, lo que implica un costo social impactante por la alta presencia de pequeños productores.

¿Caída del consumo y baja rentabilidad es sinónimo de menos productores?

Sí y menos bodegas. Un punto de caída en los litros per cápita implica 4.500 hectáreas que no tienen colocación.

¿Según las empresas el aumento de precios pagado al productor impacta en el consumo?

Falso. Los vinos que representan casi el 80% del consumo nacional tienen un precio al consumidor de hasta $ 45; en este segmento el precio promedio pagado al productor por ese litro de vino envasado es de $ 10 pagado en el mercado de traslado de vinos ($ 7 el vino blanco y $ 12 el vino tinto). Entonces, bajar el precio pagado al productor/elaborador para “ayudar” a recuperar el consumo es una falacia. Recordemos que en el periodo 2010/2015 la variable de ajuste fue el precio del vino de traslado y sin embargo el consumo siguió en caída; de hecho y contradiciendo lo que dicen los grandes compradores, sus ventas en vino en cartón aumentaron en el mes de mayo y junio a pesar de “esos altos supuestos altos precios”.

Argentina llegó a consumir 90 litros per cápita. ¿Qué pasó?

Cambios en los hábitos del consumidor; competencia de bebidas sustitutas alcohólicas y analcohólicas; recesiones. A riesgo de caer en una simplificación podemos enumerar además: los casos que dañaron la imagen del vino y que obligó a cambiar hasta envases; la ley de fraccionamiento de vinos en origen ya que provocó que perdiéramos el vendedor de vinos en los grandes mercados y la consolidación de un proceso de concentración en el mercado doméstico y el exportador sin olvidar las políticas vitivinícolas equivocadas o sesgadas.

¿El Estado nunca intervino para corregir esas asimetrías?

No como se esperaba. Los gobiernos anteriores sucumbieron a las presiones de quienes no compartían políticas de protección y estímulos a las pymes fraccionadoras que desaparecían por no poder competir; de haberlas apoyado se hubiese atenuado en parte el problema de la concentración; faltó coraje político o sobró complicidad. Consecuencia: un productor perjudicado en tanto cuenta con menos compradores en el mercado de traslado.

¿Qué tipo de apoyo político o económico hubiese servido?

Por ejemplo: Una reforma impositiva enfocada en las pymes, bajar costos laborales, financiamiento. Para el sector productor/elaborador una disminución del IVA en el mercado de traslado; en el caso de las pymes fraccionadoras de vino de consumo masivo apoyar una promoción especial de sus marcas más una política para la compra de insumos; de hecho se hizo la experiencia allá por el año 2010 y resultó satisfactoria pero a poco andar se cambiaron las condiciones y el programa se desnaturalizó.

Perdón, pero el vino como categoría hace promoción o ¿me equivoco?

Hay una promoción genérica que no le ayuda concretamente en nada a las pymes fraccionadoras a pesar de que financian dicha promoción vía contribución a COVIAR; no se traduce en mayores ventas ni en mejores precios al resto de la cadena que también contribuye a financiar esa promoción. La mayoría de los industriales no la apoya. Los resultados están a la vista; cuando COVIAR comenzó a ejecutar el PEVI, el consumo per cápita era de 36 litros, hoy, 13 años después, es de 20 litros.

¿La vitivinicultura está organizada? ¿Tiene poder de lobby? 

Hoy es relativo. La vitivinicultura se posicionó a partir de la década del ´90 en base a acuerdos internos referenciados en una política de diversificación y una estrategia de promoción del consumo del vino; a comienzos del 2000 se redactó el PEVI y se creó la COVIAR para ejecutarlo y para financiarlo se impuso una contribución obligatoria. Este proceso configuró una institucionalidad que en el colectivo imaginario supuso una suerte de supra entidad expresiva de los distintos sectores que se enlazan en la cadena vitivinícola: pero no es así. COVIAR NO es una federación de entidades que se organizan en una instancia gremial superior. No es la expresión gremial de la vitivinicultura. Desde que se ubicó en ese rol la vitivinicultura ha perdido protagonismo tanto a nivel nacional e internacional; se han profundizado las diferencias sectoriales y esta disconformidad se observa claramente al momento de aumentar la alícuota de las contribuciones que la financian.

Entonces ¿Juntos pero no revueltos?

Tal cual. Todos parecemos responsables de todo y no es así. Los sectores políticos y algunos  medios la ven como interlocutor por temas que no son de su competencia, generándose contradicciones internas. Un ejemplo es el enojo del Sr. Gobernador de Mendoza con algunos miembros de COVIAR por mostrarse ésta resistiendo la imposición de un impuesto interno al vino que aparentemente nunca existió. No es el primer enojo y seguramente tampoco el último. Es la primera vez en 13 años que un gobernador provincial – y hablo de Mendoza – parece tener claro quién es quién y reacciona en consecuencia.

¿La pregunta inevitable es como hacían antes?

Hasta el año 2007 y partiendo de mediados de los ´90, las entidades gremiales empresarias a pesar de sus propias diferencias pero en un ambiente de sana convivencia acordábamos puntos de coincidencia sin resignar las particularidades de cada sector de modo que quien nos escuchara tenía un panorama de las coincidencias pero también de las diferencias.

¿El monstruo se devora a sus creadores?

Algunos pocos de ellos la defienden y la conducen. Salirse de su rol y no reconocer los magros resultados provoca el desencanto de sus contribuyentes, crea confusiones y rupturas.

¿Más allá de las diferencias hay una capacidad de organización?

Esa capacidad y experiencia debería servir para revisar la institucionalidad actualmente expresada en COVIAR y en el Fondo Vitivinícola. La gran discusión hoy debería ser, si nos resignamos ir hacia un modelo de consumo interno del orden de los 15 litros per cápita y exportaciones erráticas con achicamiento o si reaccionamos a fin de salvar el capital social que aporta la vitivinicultura como economía regional. Frente a este desafío lo demás parece grotesco.

¿La vitivinicultura no supo adaptarse o no pudo?

En los últimos 10 años las dificultades se han multiplicado. Si pensamos en una permanente adaptación a los mercados se necesitan políticas activas de amplio consenso, inversión e innovación y para eso hace falta rentabilidad, financiamiento, estabilidad y seguridad jurídica. La inflación y un crónico déficit fiscal crean una carga tributaria pesadísima y le quitan competitividad a cualquier economía.

¿Por ejemplo?

En el año 2001, apareció el impuesto al cheque como una medida excepcional y vencimiento programado para un año después. Los diversos organismos vinculados directa o indirectamente a la vitivinicultura suponen impuestos, tasas, códigos, cánones, tarifas, aranceles y exigencias que a su vez provocan más gastos. Sumemos los costos laborales, las ART, etc. En Mendoza hasta el año 2011 el sector productor/elaborador en Mendoza no pagaba ingresos brutos. De hecho para la vitivinicultura los cánones de riego no eran un peso o las inspecciones de los diversos organismos de control no eran a costa del productor; no existían tantas exigencias que hoy implican el pago de un código o de un arancel. Cada exigencia se transforma en un costo, en dinero y tiempo. La presión tributaria es tan fuerte que por cada peso ($1) que ingresa al sector se estima que $ 0,35 quedan en el Estado nacional, provincial o municipal.

¿La apertura de nuevos mercados internacionales o consolidar los actuales es una alternativa?

Sí. Para ello recuperar la competitividad es central. Hay que detener la inflación y disminuir la presión tributaria, eliminar los derechos de exportación, abaratar fletes internos, firmar acuerdos comerciales y corregir las distorsiones para que ese crecimiento le llegue a toda la cadena. Desde el año 2007 se han perdido volúmenes importantes de exportaciones de vino a granel y de vinos fraccionados en el segmento donde Argentina era fuerte. Los programas económicos basados en el atraso del tipo de cambio han sido perjudiciales para las economías regionales en general, a la vitivinicultura en particular y especialmente a provincias con una matriz productiva como la de Mendoza.

En materia de acuerdos internacionales. ¿Hay avances?

Parece que sí. El propio acuerdo del Mercosur requiere una revisión para que no sea un obstáculo al momento de las negociaciones. Es alentador lo que sucedió en Mendoza en relación a la cumbre Mercosur y ejemplificador de la pérdida de protagonismo de la vitivinicultura que debió estar presente institucionalmente en alguna mesa de trabajo o discusión.

 

Reportaje completo en el siguiente link:

http://www.ambito.com/896157-coviar-no-es-la-expresion-gremial-de-la-vitivinicultura

http://www.ambito.com/896156-hay-serios-problemas-estructurales