Diversificación mixta de uvas. Crónica de una desmesura

Cuando los gobernadores de Mendoza y San Juan firmaron el tratado interprovincial para la diversificación vitícola (sic) a mediados del mes de marzo del corriente, actualizándolo tras 23 años de vigencia, no sólo respondían a una reiterada propuesta basada en una diversificación mixta de la producción de uvas sino que además dieron una señal política muy fuerte, cuya onda expansiva, como era de esperar, impactó y preocupó al statu quo institucional vitivinícola que en Mendoza se asume como su preclara expresión gremial. Días después retomaba estado parlamentario un proyecto de ley que alineado con aquella actualización proponía alcances y definiciones. Llamativa e injustificadamente tal como lo demostrarían los acontecimientos posteriores, esta noticia provocaría una corrida de incomprensibles protestas con ribetes histriónicos, principalmente de las entidades que integran el Fondo Vitivinícola, que, se sabe, durante años rechazaron cualquier iniciativa al respecto.

Veamos. El acuerdo rubricado por los gobernadores establece que: a los “efectos de la exención prevista en el art. 3 del tratado Mendoza/San Juan,…,los establecimientos vitivinícolas…deberán diversificar para la cosecha 2018 el 25% como porcentaje mínimo del total de uva ingresada a bodega…” y en el mismo acto acuerdan además …”nuevos mecanismos…que fomenten la diversificación…definiendo a ésta como…” toda actividad que fomente el uso de alternativas vitícolas para fines distintos a la producción de vinos”…”o bien, que se trate de vinos con único destino a exportación”; en otros términos, se agregó a la legislación vigente, la opción de elaborar e inmovilizar vinos con destino al mercado externo a fin de acceder a la excepción de la contribución obligatoria establecida por la ley 6.216. De este modo quedó configurado un esquema de diversificación que contempla varias alternativas. A saber: haber elaborado mostos y/o destinar vinos a destilación y/o a usos no vínicos, y a partir de ahora entre otras, la exportación de vinos a futuro completándose el cuadro con los regímenes de excepción especialmente diseñados.

No podía ser de otra manera. En el mismo tratado se establece expresamente que sus términos no implican la derogación de normas y procedimientos vigentes, es decir: la transferencia voluntaria de derechos de elaboración diversificada (cupos) entre establecimientos; los créditos fiscales compensatorios tales como los previstos por el reglamento de incentivo a las exportaciones, el reglamento de incentivos a los derivados vínicos y la transferencia compulsiva de derechos de elaboración diversificada de las fábricas de mosto a favor de fraccionadores  y exportadores junto a la distribución de sus excedentes.

En este contexto y con el fin de jerarquizar con rango de ley el concepto de diversificación mixta aparece en escena el proyecto de ley complementaria al tratado interprovincial ofreciendo precisiones respecto a: la definición, alcances y alternativas de la diversificación mixta; el cumplimiento del porcentaje para la cosecha 2018; el plazo que deben respetar los vinos inmovilizados para exportación; la asignación de cupos expropiados a los fabricantes de mosto y las pautas que deberán cumplir los establecimientos importadores de vino. En ningún caso se derogan normas y/o regímenes ya consagrados. En estas condiciones dicho proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de Mendoza.

En otras palabras, del tratado firmado por los gobernadores aprobado legislativamente en Mendoza por el decreto 387/18 y 388/18 y la ley complementaria con media sanción no surgen razones que justifiquen las destempladas y por momentos injuriosas críticas sectoriales que se han ventilado, más bien devienen erróneas, caprichosas, sesgadas y prejuiciosas al atribuirles a dichas iniciativas las siguientes consecuencias: que la diversificación mixta es compulsiva; compromete “severamente” la libre transferibilidad de los derechos de elaboración (cupos); resienten los controles de exención; ignoran el hecho imponible y vulneran el decreto 2.284/91 de desregulación económica y, la más desopilante,  “que generaría un mercado prácticamente usurero de la transferencia de cupos de mosto”, entre otras descaradas perlitas oportunamente denunciadas.

Todos ellos argumentos sin sustento ya que el espíritu y la letra del tratado interprovincial actualizado y su ley complementaria contradicen categóricamente las acusaciones que les imputan[1]. Y si no alcanzara con esta demostración basta con leer el texto del decreto 589/18… ¡redactado por sus mismísimos detractores!

En efecto, paralizado el trámite de la restante media sanción en la cámara de senadores -debido a las presiones ejercidas- sus críticos se lanzaron a reglamentar el tratado aceptando tácitamente los contenidos del proyecto de la ley complementaria con media sanción ¡a la cual se oponían airadamente! El desconcierto ganó el centro de la escena. Mientras tanto la forzada postergación de la media sanción provocó en lo inmediato un evidente daño colateral ya que habiendo finalizado la cosecha aún no se definían las condiciones en base a la cuales dar cumplimiento a la diversificación de uvas, tema no menor dada sus implicancias económicas.

Al ordenar las circunstancias y en perspectiva se nos revela que desde un primer momento tanto las insólitas críticas como las urgidas acciones de apoyo al “amenazado” acuerdo Mendoza-San Juan no tenían motivo alguno dado que nunca estuvo en riesgo su integridad y continuidad. Por el contrario.

¿Cómo entender entonces esta desmedida reacción? ¿Cuál era el temor? ¿Acaso se montó un melodrama de cara a los medios de prensa y autoridades? No es posible afirmarlo pero así parece atento a los denodados esfuerzos en pos de abortar el proyecto de ley complementaria por el que se sentían extrañamente intimidados. Fue un espectáculo sorprendente.

Así lo confirman dirigentes, legisladores y periodistas que fueron meros espectadores de una guionada sobreactuación de los opositores al proyecto de ley, en sus variopintas versiones, como también de la expresa y silenciosa aceptación posterior de las propuestas que repudiaban pero que redactadas por ellos mismos se convirtieron en factibles y formalmente reconocidas en el decreto reglamentario respectivo.

Curioso decreto éste último que en formato de texto ordenado se ocupa de reglamentar a medias a aquel otro que aprueba el tratado firmado por los gobernadores; pero además modifica procedimientos y normas legales ¡incluyendo, ampliando y modificando aspectos operativos de las propuestas del repudiado proyecto de ley con media sanción!

Es ineludible anudar en este punto el efecto residual que dejó todo este alboroto en términos de contrariedad y desaire en el ánimo de muchos Senadores que atendiendo a los enfáticos cuestionamientos de algunas entidades y la repentina ambigüedad del poder ejecutivo provincial, tomaron entonces la decisión preventiva de posponer el tratamiento de la media sanción restante de la ley complementaria. Condición que aún mantiene. ¡Tamaño desconcierto deben tener casi todos los legisladores! No es para menos tras comprobar que tras impedirse la sanción de la ley, el fondo vitivinícola, convalidación política mediante, se apresuró a reglamentar (por así decirlo) el cumplimiento de la diversificación mixta reservándose potestades y atribuciones para arbitrar el cumplimiento de la misma y prevenir una eventual injerencia en la administración del acuerdo.

Ya para entonces – se puede entrever con claridad - el melodrama había mutado a comedia de enredos con escenas de grotesco antiguo y actuaciones estelares en los roles protagónicos y de reparto.

De cualquier manera, es alentador comprobar que a pesar de los años perdidos, el calculado maltrato y la sobreactuada resistencia de sus opositores la propuesta de avanzar hacia una política de diversificación amplia o mixta de la producción de uvas ha logrado validarse y oficializarse como política económica regional. Más vale tarde que nunca.

Por último, persistir en la búsqueda de razones que expliquen la desmesura de lo sucedido y que resulte comprensible en términos de interés colectivo es un camino que nos lleva al fracaso, en tanto es muy probable que la motivación de tan cerrada y desesperada oposición, sostenida en un comportamiento en apariencia tan incongruente como injustificado, la hallemos en el fondo…., en el fondo de la cuestión.

Mauro A. Sosa

Director Ejecutivo